La Administración Pública tiene encomendadas múltiples y variadas funciones, que llevan a cabo empleados públicos de diferentes ámbitos profesionales.

La relevancia e incidencia social de las funciones encomendadas a la Administración Pública exige que los empleados que han de llevar a cabo tales tareas sean los más adecuados posibles, y por ello que han de ser seleccionados conforme a procedimientos regidos por los principios de mérito y capacidad.

Asimismo, al ser la Administración Pública gestora de intereses sociales generales, los procedimientos de ingreso en ella habrán de respetar el principio de igualdad de todos los ciudadanos en el acceso a los puestos convocados, para lo cual deberá darse a estos procesos la publicidad necesaria.